lunes, 17 de diciembre de 2012

CLAI - Fallo caso Marita Verón

Desde la Secretaría Regional del Consejo Latinoamericano de Iglesias, CLAI Río de la Plata, y la Pastoral de la Mujer y Justicia de Género del CLAI en nuestra región, expresamos y compartimos la indignación y el dolor que nos causa el fallo de la justicia tucumana, que después de 10 años de investigación tras la desaparición de Marita Verón, decidió absolver a los 13 imputados. En la historia de Marita se representan las de miles de mujeres víctimas de la trata y la explotación sexual, que esperan una justicia sensible y recta, de ojos y oídos abiertos, que no siga reproduciendo con sus decisiones la lógica opresiva del patriarcado y los paradigmas de género que desde el mismo se generan, encubriendo sin escrúpulos a los responsables del delito. Es necesario que con urgencia se modifique la ley vigente, que da lugar a espacios de impunidad permitiendo que se interprete que si la víctima es mayor de 18 de años y prestó su consentimiento no hay delito, como si alguien pudiera prestar consentimiento para ser sometida a explotación. Respetamos, valoramos y nos sumamos a la larga caminata en busca de justicia de la madre de Marita, Susana Trimarco. Su fuerza y coherencia, que lejos de debilitarse con este fallo están fortalecidas, nos invitan a seguir sumando compromiso y trabajo articulado en busca de la verdad y la dignidad. “ El no juzgará por la sola apariencia, ni dará su sentencia fundándose en rumores. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres del país. Sus palabras serán como una vara para castigar al violento… Siempre irá revestido de justicia y verdad.” Isaías 11, 3-5

Adhesión a la Marcha en Tucumán por la absolución de los enjuiciados en el caso Marita Verón.

Expresamos nuestra total solidaridad y acompañamiento a la señora Susana Trimarco frente a la profunda decepción que ha producido el fallo de absolución para todos los procesados por la desaparición de Marita Veron. Deploramos esta escandalosa sentencia de la Justicia tucumana que legitima el desamparo de las victimas de las redes de trata de personas. Nos sentimos defraudados porque estos dictámenes atentan contra la dignidad de la vida en democracia. Valoramos la incansable lucha de Susana Trimarco que la ha convertido en un referente social que, al buscar justicia para su hija ha abrazado la causa de todas las victimas cautivas de estas redes. Para la fe cristiana el poder de la justicia debe estar al servicio de los más débiles y desprotegidos como único camino para alcanzar la paz. Afirmamos que para Dios toda vida humana es valiosa en sí misma y como sociedad debemos responder por ella. Nos unimos a todos los que rechazan lo resuelto por la justicia tucumana y nos comprometemos a caminar juntos en la transformación de esta muy dolorosa realidad. “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados”. Mateo5: 6 Obispo Frank de Nully Brown Iglesia Evangélica Metodista Argentina

CAREF NO A LA TRATA. Basta de impunidad

NO A LA TRATA. Basta de impunidad Desde CAREF expresamos nuestra solidaridad con la mamá y la hija de Marita Verón, y las acompañamos en su lucha por la Justicia. Justicia hasta ahora ausente. Enfáticamente repudiamos el veredicto dado por la Sala II de la Cámara Penal de Provincia de Tucumán y abogamos porque los responsables de la desaparición de Marita sean condenados. Sabemos que hacer Justicia condenando a los responsables del secuestro, explotación y desaparición de Marita es también hacer Justicia para muchas otras mujeres, niñas y adolescentes sometidas a los mismos vejámenes. El secuestro, la explotación sexual y la posterior desaparición de Marita Verón no fueron hechos aislados ni casuales. El mismo día de abril de 2002 en que Marita fue secuestrada en las calles de la ciudad de Tucumán, su madre, Susana Trimarco, inició el trabajo de denuncia que mostró los perversos, violentos y socialmente tolerados mecanismos (y sujetos) que sostienen la explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes. El “Caso Marita Verón” es hoy igual de paradigmático que el “Caso Raquel Liberman” ayer: ambos develaron las tramas de corrupción y complicidades institucionales; en ambos casos las luchas se sostuvieron en la valentía y la fortaleza de una mujer. La sociedad en su conjunto acompañó a la mamá de Marita en su dolor y en su incesante búsqueda de Verdad y de Justicia, y escuchó junto a ellas los testimonios y los relatos que se hicieron públicos durante los diez meses que duró el juicio. Con estupor, con desilusión y con enojo escuchamos el veredicto de la Sala II de la Cámara Penal de la Provincia de Tucumán absolviendo a los 13 imputados, insensible ante los padecimientos, los abusos y las injusticias que ya condenaron a miles de niñas, jóvenes y mujeres. Cualesquiera que sean las razones que desarrolle el fallo cuando se conozca en su totalidad, gran parte de la Verdad ha salido a la luz, aunque la justicia haya decidido mirar hacia otro lado. Marita Verón, desde su desaparición y gracias a la lucha incesante de su madre, marcó el camino a seguir para que se defina un marco normativo que permita garantizar los derechos de todas las víctimas, sancionar a los culpables y prevenir el delito de la trata de personas. Con el dolor y el estupor de la falta de justicia sigue hoy día señalándonos lo que socialmente nos queda por hacer: la reforma de la ley de trata aún espera para que la figura del consentimiento de la víctima deje de existir, las lógicas del patriarcado siguen naturalizando el sometimiento y la prostitución, por ello el negocio a costa de los cuerpos de las mujeres prospera. Debemos seguir trabajando para revertir estas lógicas y avanzar en un marco normativo justo que pene duramente a quienes someten, vejan y negocian y garantice los derechos de quienes padecen la trata de personas. Equipo de Trabajo y Junta Directiva de CAREF

DECLARACIÓN DE CONFAR y la RED KAWSAY

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados”. (Mateo 5, 6) La Conferencia Argentina de Religiosos/as (CONFAR) y la Red KAWSAY (Vida Consagrada por una sociedad sin trata de personas) sentimos una profunda consternación frente al fallo absolutorio de la Justicia Tucumana en el caso Marita Verón. Repudiamos el hostigamiento que sufrieron las testigos víctimas durante el proceso, al enfrentarse ante sus propios explotadores. Instamos a todas/os a no bajar los brazos en la búsqueda de JUSTICIA para las víctimas de trata y a alentar nuestra esperanza con la "certeza de que la corrupción, la injusticia y el sufrimiento no tienen la última palabra". Hna. Marisa Biasutti, HSAP (Presidente de CONFAR) P. Daniel Echeverría, MSSCC (Secret. Ejec. de CONFAR)

frente al escandaloso fallo en el caso Marita Verón

El Foro de Pensamiento y Construcción Social, El fallo absolutorio dictado por los jueces Alberto Cesar Piedrabuena, Emilio Andrés Herrera Molina y Eduardo Antonio Romero Lescano, apoyado en tecnicismos legales y eludiendo la función central del verdadero principio de Justicia, ha conmovido masivamente a la sociedad Argentina. La escandalosa sentencia, lleva la impronta de las cuestiones emblemáticas, la gota que desborda el vaso. En tanto no puede ni debe quedar amparada en el principio de “Cosa Juzgada”, pues de ser así, además de convertirse en gigantesca burla a la inteligencia de la ciudadanía, sería de consecuencias irreparables para el sistema judicial en su conjunto. El caso Marita Verón y la vergonzosa decisión de estos jueces, ha tenido el mérito y la desdicha de llevarnos a todos y en especial a las mujeres y hombres de Ley ante un escenario de “antes y después” que no debe ser soslayado. Enmendar la situación, sancionar ejemplarmente a los responsables del bochornoso desatino e iniciar una profunda investigación a partir de los numerosos testimonios vertidos en sede judicial, representan la responsabilidad de la hora.

miércoles, 12 de diciembre de 2012

LA SENTENCIA CONTRA MARITA O ÉSTA ES LA JUSTICIA QUE TENEMOS

mEMPO gIARDINELLO Por Mempo Giardinelli Escribo esto con profunda bronca a la hora del cierre, quede claro. No quiero dejar pasar la furia que siento y que sé, me consta, veo y palpo que sienten en estas horas de dolor millones de ciudadanos y ciudadanas en todo el territorio nacional. Para sorpresa y espanto del país entero (el país decente, digo, el que mayoritariamente no es corrupto) todos los acusados por el caso Marita Verón fueron absueltos en Tucumán en esta noche ominosa de la Argentina, en una decisión judicial obviamente sospechable de lisa y llana y flagrante corrupción. Esta es la justicia (desde ahora la escribo con minúsculas) que tenemos. La que impera mayoritariamente en nuestro país. Unica institución republicana que no fue democratizada en serio desde la recuperación de la Democracia. Y que junto con sus socias, las malditas policías y los malditos servicios penitenciarios provinciales, son las únicas que conservan intactas todas las taras formales y esenciales que les inculcó la dictadura. Porque la democracia significó profundos cambios institucionales en casi todos los órdenes: militares, educativos, de relaciones exteriores, de economía, de sociedad. Pero lo que no se tocó, ni se toca todavía, es lo que huele a podrido. Y este “fallo” –es un decir perfecto: fallo– está llenando de hedor a la Nación entera. A sabiendas de que toda generalización es injusta y peligrosa –y en conocimiento de que hoy mismo se conoció el noble pronunciamiento de más de 200 jueces, fiscales y defensores públicos que emitieron un contracomunicado que desdice a ciertas catervas de jueces y camaristas viajeros a Miami por cuenta de empresarios, y a los lobbistas marrulleros del Colegio de la Magistratura y a los de esa de nombre imposible Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial– yo me siento esta noche tentado de homologar esta maldita justicia a las malditas policías. La que condena nuevamente a Marita Verón y nuevamente procura destruir a Susana Trimarco (pero a la que en realidad e involuntariamente enaltece) es la justicia que hay que cambiar de una vez y yo quiero ver si los opositores tendrán huevos para hacerlo, e incluso si el Gobierno los tendrá, todo sea dicho. Cambiar de una vez los procedimientos y los plazos; cambiar de una vez el engolamiento y la pretendida santidad de los magistrados; cambiar los tratos y rótulos del siglo XIX para que las Señorías engoladas de hoy que no pagan impuestos empiecen a pagarlos como cualquiera de nosotros, que laburamos y sostenemos este país con esfuerzo y decencia. Y así acabar con mitos como el de la “familia judicial” y el de que los trapos sucios se lavan en casa. Esa es la justicia que a mí, empleado durante cuatro años en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco y joven estudiante de Derecho en la Universidad Nacional del Nordeste –y lo digo por primera vez públicamente–, me llevó a abandonar cuando tenía 21 años la profesión que yo amaba y había elegido a los 16. Hay que dar los nombres de estas tres “señorías” tucumanas de las que el mismísimo gobierno de José Alperovich sería bueno que dijese su opinión públicamente. Son ellos: Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano. Yo no sé si sus conciencias, si las tienen, los podrán juzgar. Y no me importa. Pero nosotros, la ciudadanía, sí. En democracia y en paz, serena pero definitivamente, tenemos que condenarlos éticamente, a la vez que vincularlos con los mencionados colegios, juntas, consejos, asociaciones y demás grupos corporativos que sólo son puro lobby, para decirlo clarito. No tienen vergüenza y esta noche en que celebran todos los miles de prostíbulos del país, y todos los proxenetas, y todos los mercaderes de carne humana, y todos los hijos de puta de la trata, y perdóneseme la furia textual, nosotros, los que sí tenemos vergüenza y somos la inmensa mayoría de este país atormentado, por eso puteamos. Por eso LOS puteamos. Con la misma fuerza y convicción con que abrazamos a Susana Trimarco y esperamos un día abrazar a Marita Verón y a todas las Maritas que fueron y seguirán siendo, por desdicha, gracias a estos infames protectores de tratantes de personas. Malas noches, Argentina.

miércoles, 29 de agosto de 2012

Paraná se suma a la cruzada contra el funcionamiento de prostíbulos

La medida, explicó la intendenta Blanca Osuna, apunta a combatir la trata de personas y la explotación sexual. En el prostíbulo más antiguo de la ciudad instaló la sede del Consejo Municipal de la Mujer. Rescataron a unas ochenta mujeres. El gobierno municipal de la ciudad entrerriana de Paraná, encabezado por la intendenta Blanca Osuna, se sumó a la cruzada contra el funcionamiento de prostíbulos: cerró todos los cabarets, whiskerías y locales de la zona donde se ejercía la prostitución e inauguró en Pensión 14 –una de las casas de citas más antiguas de la capital provincial– el Consejo Municipal de la Mujer, como “un espacio para resignificar y restituir derechos”. En diálogo con Página/12, Osuna señaló que la decisión de clausurar los ocho albergues que funcionaban en Paraná significó “visibilizar una problemática que involucra a muchas mujeres que todos los días son explotadas sexualmente”. “Como senadora trabajé en la elaboración de la Ley de Trata de Personas Nº 26.364 –sancionada en 2008– y apenas asumí la intendencia de Paraná, a fines del año pasado, decidí que había que inspeccionar los lugares que estaban habilitados como bares sin elaboración de comida y modificar la ordenanza municipal Nº 8955, que permitía su funcionamiento.” Las acciones comenzaron a mediados de febrero y desde ese momento y hasta mayo se cerraron los prostíbulos Pensión 14, Barrabás, Reina de la Noche, La Escalera, Que Quen, El Zorzal y otros dos locales, con lo cual Paraná se convirtió en una ciudad libre de prostíbulos. En mayo de este año y con la aprobación de la Ordenanza Nº 9005, que “prohíbe el funcionamiento en la capital entrerriana de todas las casas o locales con acceso abierto o restringido, que permitan a sus propietarios, administradores o terceros obtener lucro, ganancia o comisión por la explotación sexual o el ejercicio de la prostitución con o sin consentimiento”, se le dio marco legal a la iniciativa impulsada. La nueva legislación municipal estableció también “la caducidad automática, la inhabilitación de por vida para la tramitación de cualquier licencia comercial y la aplicación de multas para los propietarios de locales donde se constaten actividades de explotación sexual”. “En los procedimientos pudimos rescatar a unas ochenta mujeres que ejercían la prostitución y que se encontraban en condiciones infrahumanas, es decir, convivían en medio de la suciedad en estos locales y con un alto riesgo de contraer enfermedades. Lo más llamativo es que al ser consultadas, muchas de estas mujeres decían que ‘estaban allí por su propio consentimiento’, pero estoy convencida de que la prostitución no es una opción que satisfaga, sino que tiene que ver con una práctica cultural que está vinculada con la miseria, con la pobreza y con la necesidad, como bien lo dicen muchas mujeres que la ejercen”, expresó Osuna. Como contrapartida, desde la Oficina de Empleo municipal se trabaja para la inclusión de las mujeres que estaban en esos sitios en talleres de capacitación en oficios, que duran entre dos y nueve meses. Además, se les posibilita líneas de financiamiento de hasta 15 mil pesos para el desarrollo de microemprendimientos, en articulación con el Ministerio de Trabajo de la Nación. La intendenta relató que “todos los allanamientos a los locales fueron diferentes. En algunos lugares hubo mayor resistencia a dejar lo que estas mujeres consideraban su única fuente de trabajo”. Además, comentó que “la prostitución establece una relación que no es laboral, sino de explotación, ya que las mujeres entregan el 50 por ciento de su pase en prácticas donde se expone al máximo su intimidad”. La intendenta dijo a este diario que “en total encontraron a unas ocho mujeres víctimas de trata provenientes de la provincia de Buenos Aires o de nacionalidad dominicana, que a través de reclutadores eran llevadas a Paraná para prostituirse, algo que desde el municipio comprobaron en diálogo con las víctimas, todas ellas mayores de edad”. Además, dijo que con la inauguración del Consejo Municipal de la Mujer en un lugar donde desde hace más de cincuenta años se ofrecían mujeres para ser explotadas sexualmente, “el gobierno local apostará al desarrollo personal de las víctimas, mediante diversas actividades de concientización que reforzarán el valor simbólico de la lucha por los derechos de la mujer”. Informe: Sabrina Améndola.

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE FEMICIDIOS EN ARGENTINA

1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO de 2012 Estos datos corresponden al informe de Investigación de Femicidios en Argentina, que abarca el período 1º de Enero al 30 de Junio de 2012 y han sido recopilados de las Agencias informativas: Télam y DyN y 120 diarios de distribución nacional y/o provincial así, como el seguimiento de cada caso en los medios. En el presente informe de Investigación de Femicidios en Argentina que abarca el periodo 1º de Enero al 30 de Junio de 2012, se registran: · 119 Femicidios y Femicidios “Vinculados” de mujeres y niñas. · 11 Femicidios “Vinculados” de hombres y niños. · 161 Hijas e hijos de mujeres asesinadas por violencia de género. Víctimas colaterales del Femicidio Del Informe de Investigación sobre Femicidios en Argentina, elaborado por el “Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por La Asociación Civil La Casa del Encuentro, se destacan los siguientes resultados: En los registros realizados, no están contemplados por la insuficiente información que surgen de los medios de comunicación los siguientes casos: · Mujeres que ingresaron a los hospitales con evidencia de violencia sexista, pero al fallecer en sus certificados de defunción figura muerte por paro cardiorrespiratorio u otro causal, invisibilizando la violencia que generó el cuadro traumático. · · Mujeres que mueren por abortos clandestinos. · Mujeres que aparecen en las noticias como muertas por suicidio, pero que han padecido previamente una situación de violencia sexista en sus vidas. Con este Informe de Investigación, estamos solicitando y remarcando la necesidad de: · Existencia de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres incluyendo los índices de femicidios, articuladas con la sociedad civil. · Incorporación en el Código Penal de la figura de Femicidio, como una figura penal autónoma. Pérdida automática y definitiva de la patria potestad del femicida, no así de sus obligaciones alimentarías. · Adhesión de todas las provincias a la LEY Nº 26.485. Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. · Dialogo / Pacto y Consenso Social Político para diseñar un Plan Nacional para la erradicación de la violencia de género, compuesto por el Ejecutivo Nacional, Ejecutivos Provinciales, Poder Judicial, Poderes Legislativos, Fuerzas de seguridad, Universidades, Asociaciones Sindicales, Partidos Políticos y Organizaciones de la Sociedad Civil. · Tratamiento prioritario y urgente para leyes que en las Cámaras Legislativas Nacionales y Provinciales contemplen prevención, asistencia directa y sanciones. · Apertura de Oficinas de Violencia domestica de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias. · Protección integral y efectiva desde una perspectiva de género para la mujer víctima de violencia. · Garantizar el acceso a la justicia con patrocinios jurídicos gratuitos en todo el país especializados y capacitados en la temática · Existencia de mayor cantidad de Hogares Refugios, Hogares de Día para víctimas, con una asistencia interdisciplinaria, desde una perspectiva de género con el objetivo no solo de proteger en la emergencia sino también fortalecer a las victimas para que puedan de esta forma rearmar un proyecto de vida libre de violencia · Intensificar campañas de prevención e información. · Asignación de un subsidio habitacional y de alimentación para las víctimas de violencia otorgado por el Estado Nacional. · Implementación de un número telefónico único y gratuito a nivel nacional, para denuncias, orientación y derivación en violencia de género. · Asignación de Presupuesto acorde para poder implementar en su totalidad la LEY N º 26.485 “Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”. · Incorporación en todas las curriculas educativas de los diferentes niveles la temática de violencia sexista · Capacitaciones obligatorias a efectores profesionales que trabajen con la temática de violencia en diferentes dependencias gubernamentales de todo el país · Modificación de la Ley de Ministerios para la creación de un Ministerio de Igualdad de oportunidades y asignar mas presupuesto a todas las dependencias que son órgano de aplicación en la temática de genero o derechos de las mujeres y la familia Es necesario considerar a la violencia sexista, como una cuestión política, social, cultural y de Derechos Humanos, de esta forma se podrá ver la grave situación que viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina como una realidad colectiva por la que se debe actuar de manera inmediata. OBSERVATORIO DE FEMICIDIOS EN ARGENTINA “ADRIANA MARISEL ZAMBRANO” Coordinado por La Asociación Civil La Casa del Encuentro

EL DEBATE EN LA CIUDAD POR LA REGLAMENTACION DE LOS ABORTOS NO PUNIBLES

Con dos dictámenes en puerta La semana próxima, la Comisión de Salud de la Legislatura dará su aprobación a dos proyectos diferentes: uno del PRO y otro consensuado por la oposición. La iniciativa oficialista busca introducir más requisitos que los previstos por la Corte Suprema. Por Mariana Carbajal La semana próxima está previsto que se firme dictamen en la Comisión de Salud de la Legislatura porteña para reglamentar los abortos no punibles en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Pero el macrismo y la oposición no pudieron limar sus diferencias en torno del tema, a pesar de los intensos debates que vienen manteniendo los asesores de los diputados de las distintas bancadas, desde que la Corte Suprema dictó su fallo el 13 de marzo y reafirmó que todas las mujeres que resultan embarazadas en una violación tienen derecho a interrumpir la gestación y se les debe allanar el camino para poder acceder al aborto, y exhortó a las distintas jurisdicciones a fijar protocolos de atención de esos casos. Sin embargo, el PRO busca imponer más requisitos que los que estableció el máximo tribunal, para obstaculizar la práctica. Por ejemplo, propone que se expida sobre cada pedido un comité interdisciplinario. El punto de mayor distancia tiene que ver con las adolescentes. Para el oficialismo, a las menores de 18 años se les debe exigir la autorización de los padres. Para la oposición –que consensuó un proyecto–, ese requisito debe pedirse a las menores de 14 años. Con este panorama, se firmarán dos dictámenes. En la Comisión de Salud el PRO tiene siete votos y la oposición seis. El kirchnerismo, la Coalición Cívica, Nuevo Encuentro, Proyecto Sur y Buenos Aires para Todos acordaron un texto. También apoyan la propuesta consensuada –aunque no tienen diputados en esa comisión– el radicalismo y el Frente Progresista Popular. En el PRO, en cambio, hay disidencias en el interior de la bancada, aunque la vicepresidenta de la Comisión de Salud, Carmen Polledo –autora de uno de los proyectos del PRO–, destacó ayer en diálogo con este diario que hay voluntad política en el oficialismo para fijar un protocolo para la atención de los abortos no punibles, un cambio sustantivo en relación con los últimos años, cuando el macrismo sistemáticamente bloqueó el tratamiento del tema en la Legislatura. De hecho, la propia Polledo firmó en 2010 el archivo de un proyecto impulsado por la oposición, que desde 2008 busca legislar sobre la atención de los abortos no punibles. Estaba previsto que los dictámenes se firmaran en la reunión de la comisión de ayer, pero el PRO pidió una semana más. Una vez que pase por Salud, el debate continuará en las comisiones de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud y en la de Justicia. En ambas, el macrismo tiene mayoría. Si el proyecto llega al recinto, y toda la oposición se disciplina y vota con asistencia perfecta, podría contar con la mayoría (31 votos) para imponer el proyecto consensuado, que respeta los lineamientos que fijó la Corte Suprema para garantizar el derecho de las mujeres a acceder a los abortos no punibles, contemplados en el artículo 86 del Código Penal. El Comité Capital de la UCR emitió recientemente un documento donde fijó su posición a favor de legislar en ese sentido. El dictamen de la oposición es el resultado de la unificación de los proyectos de Gabriela Alegre (FpV), Laura García Tuñón (Buenos Aires para Todos), Fernando Sánchez (C. C.), María Elena Naddeo (Frente Progresista Popular), Virginia González Gass (Proyecto Sur), María José Lubertino (FpV), y María Rachid (FpV), entre otros legisladores. En relación con las menores de edad –un tema que no aborda el fallo de la Corte–, plantea que “será válido el consentimiento (de la paciente) a partir de los 14 años de edad”. Es decir, en esos casos no se requiere autorización de los padres. En los casos de niñas menores de esa edad, el consentimiento será otorgado por su representante legal. Si no llegara a haber acuerdo entre la menor de 14 años y su representante legal, se le dará intervención a la Asesoría Legal Tutelar. Si las diferencias entre las partes persisten, prevalecerá la voz de la niña, de acuerdo con la ley de protección integral de niñas, niños y adolescentes. En cuanto a los plazos para efectivizar la práctica, plantea que “se debe garantizar la realización del diagnóstico en el menor plazo posible” y que no debe superar los cinco días desde el consentimiento de la mujer o de su representante legal. Para llevar adelante el aborto no punible intervendrá un solo profesional (no se contempla que opine ningún comité interdisciplinario, como prevé la propuesta del PRO) y bastará que le presente una declaración jurada en caso de violación. El proyecto macrista –que unificó las propuestas de Helio Rebot y Carmen Polledo y Lía Rueda– establece que se dé intervención también al director del hospital, además del médico, que será encargado de guardar una copia de la declaración jurada.

lunes, 9 de abril de 2012

CUERPO, CASA Y TERRITORIO EN LA VIDA DE LAS MUJERES

XV ENCUENTRO NACIONAL ECUMÉNICO DE LECTURA POPULAR DE LA BIBLIA DESDE LAS MUJERES

El Foro de Género de CLAI Argentina adhiere al XV Encuentro Nacional Ecuménico de Lectura Popular de la Biblia desde las mujeres a realizarse los días 28 al 30 de abril de 2012. También compartimos la invitación a la Conferencia Abierta a realizarse el día 26 de abril en Parque Patricios a las 19 hs en instalaciones del Teatro Bachín (Zavaleta 74)
Todas las actividades contarán con la presencia de la destacada biblista brasileña Nancy Cardoso Pereira

jueves, 19 de enero de 2012

CUANDO LOS DERECHOS DE UNA NIÑA QUEDAN EN SEGUNDO PLANO

UN MINISTRO DICE QUE LA NENA DE ONCE AñOS ABUSADA PUEDE CONTINUAR CON SU EMBARAZO


La familia de la niña pide que se interrumpa la gestación, pero en el hospital de Entre Ríos, donde la atendieron, no aplicaron el protocolo para casos de aborto no punible. Expertos advierten que corre riesgo su salud física y psíquica.

Por Mariana Carbajal

El ministro de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour, afirmó que la salud de la niña de 11 años que quedó embarazada como consecuencia de un abuso sexual y reclama un aborto no punible no correría riesgo si continúa adelante con la gestación. “Me baso en los especialistas que dicen que puede seguir el embarazo como muchísimas adolescentes, acá repercutió por un pedido de los familiares, pero embarazos adolescentes hay acá, en Estados Unidos, en todos los países de Latinoamérica, es un tema en la salud pública, no es algo aislado”, señaló Cettour. El ministro, que es médico especialista en cirugía, se basó en el informe del Hospital Masvernat, de Concordia, que realizó estudios a la nena, a solicitud del Juzgado de Familia de esa localidad entrerriana, donde recayó el pedido de una autorización para llevar adelante la interrupción del embarazo. Sus dichos generaron polémica. “El ministro se equivoca como médico porque sí hay riesgo para la salud y la vida de la niña. Incluso una cesárea, que es lo que padecerá si no interrumpe el embarazo, también puede ser un riesgo para ella”, replicó Mabel Bianco, médica, presidenta de la Fundación Estudios e Investigación de la Mujer (FEIM) e integrante del comité coordinador del Consorcio Nacional por los Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders). Otras especialistas también advirtieron que un embarazo en una niña de once años es de “alto riesgo” y aconsejaron tener en cuenta, además de los daños físicos, el impacto psíquico para ella durante y después de la gestación. El embarazo lleva 11 semanas y media.

En realidad, no es necesario ningún permiso judicial para realizar el aborto que solicitó la madre de la niña, en su condición de representante legal. En casos de violación o cuando corre peligro la vida o la salud de la mujer, el Código Penal establece que el aborto no es punible. Sin embargo, por desconocimiento, dudas de los médicos o trabas arbitrarias, se suele exigir una venia de un tribunal. En diálogo con Página/12, el director del Hospital Masvernat, Orlando Elordi, dijo ayer que “si hay una orden judicial” realizarían allí la interrupción del embarazo a la niña. Elordi informó que un comité de obstetras y un grupo de pediatras examinaron el lunes a la niña y concluyeron que “está perfectamente bien”.

–Personalmente, ¿qué le parece que una nena de 11 años sea obligada a continuar con un embarazo producto de un abuso sexual? –le preguntó este diario a Elordi.

–Es una nena con aspecto de nena. Aunque es bastante grandecita, pesa 45 kilos. Pero no tenemos que olvidarnos que tiene 11 años. Si la Justicia así lo ordena va a tener un embarazo normal, pero ella no va a tener noción de la maternidad. Yo pienso que para ser una madre es muy chica. Pero no entro en la cuestión legal. Si la Justicia lo habilita se hará (el aborto) –respondió el director del Masvernat.

Llamativamente, el ministro Cettour consideró que “el caso no entra dentro de las pautas legales en las que debe permitirse interrumpir el embarazo”. Y agregó: “Una vez que la niña tuvo su primera ovulación, tiene las condiciones físicas para sostener un embarazo. La naturaleza es sabia, una vez que tiene su primera menstruación el cuerpo está preparado. Quizá habrá que tener cuidados al momento del parto y programar una cesárea”.

Especialistas de distintos ámbitos salieron a replicar sus declaraciones. Incluso, otro funcionario del mismo gobierno provincial, el titular de Rehabilitación y Reparación de Derechos del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia de Entre Ríos (Copnaf), Daniel Cottonaro, advirtió sobre la fragilidad en la que se encuentra la niña. Desde el Copnaf se pusieron en contacto con su familia, dijo el funcionario. “Nosotros tenemos un protocolo ante los casos de abuso porque el exceso de intervenciones puede revictimizar a la niña”, dijo y detalló que su equipo pudo tomar contacto con la madre, pero no con la niña “porque se encuentra shockeada y hay que ser muy cautelosos en el trato”.

Bianco, directora de FEIM, denunció que “las autoridades de Salud provincial y nacional son responsables de negar el derecho a la vida a esta niña”. “Desconocer que en este caso se aplica el artículo 86 del Código Penal y que no era necesario judicializarlo porque se trata de un aborto terapéutico no punible –con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre– es una muestra de ignorancia. Por otra parte, cuando hay relaciones sexuales con niñas menores de 13 años siempre decimos que han sido forzadas porque a esa edad hay muchas dificultades para dar un consentimiento en una relación”, explicó Bianco. Y añadió: “Pero en un médico es más grave desconocer que a los 11 años aún no se ha completado la osificación y esta niña tiene serios riesgos de sufrir un problema óseo pélvico que la deje deformada e inclusive que la ponga en riesgo de vida”.

Alicia Figueroa, ginecóloga del Hospital Durand de la ciudad de Buenos Aires y ex directiva del Centro Latinoamericano Salud y Mujer (Celsam), sostuvo que “cuando una mujer entra en la pubertad es porque tiene la capacidad biológica de concebir”. Pero alertó que “si estamos hablando de una niña de 11 años, se está en presencia de un embarazo de alto riesgo con compromiso materno y también de parto prematuro”. Figueroa explicó que “una chica de esa edad embarazada puede sufrir ciertas patologías durante la gestación, como rotura de membranas, preclampsia y eclampsia con desniveles de la presión arterial que compromete su salud”. Además, opinó que “una niña de 11 años es inmadura para ser madre, sufrió un daño grave como un abuso y hay que tener en cuenta además, su salud mental ante un embarazo”.

También opinó sobre el caso Irene Meler, doctora en psicología y coordinadora del Foro Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Meler coincidió en que “una chica de 11 años no está preparada ni física ni psicológicamente para ser madre”. Recordó que la nena “fue víctima de un abuso” y añadió que “hay que tener en cuenta el sentido del aborto, porque puede liberar del cuerpo de esa niña lo que ella no eligió”. Por otra parte, Meler destacó que “es más traumático que un aborto el llevar adelante un embarazo producto de una relación problemática” y dijo que “el daño psicológico que le puede dejar el aborto es infinitamente menor a lo que significa tener un hijo en esa circunstancia”.

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, formada por más de trescientas ONG del país, se exigió “a la Justicia provincial y, en particular, a los tribunales de Concordia que cumplan con la legislación vigente que garantiza el acceso al aborto no punible”, ya que se trata de un embarazo que proviene de una violación” (ver aparte).

La niña vive en la localidad de General Campos, cercana a Concordia, junto con su mamá, su padrastro, una abuela y un hermanito. La familia es muy humilde. Con el asesoramiento legal de la abogada Susana Benítez, el lunes la mamá presentó el pedido de una autorización para que le hagan un aborto no punible, con el fundamento de que corre riesgo su salud, es decir, se encuadró el reclamo en el inciso 1 del artículo 86 del Código Penal. Aunque también podría enmarcarse en el 2 inciso, al ser el embarazo producto de un abuso sexual. La solicitud recayó en el Juzgado de Familia de Concordia, a cargo de Raúl Tomaselli. Ayer por la tarde, el magistrado convocó a una audiencia informativa en la que participaron la niña, su madre, la abogada Benítez, además del defensor pupilar civil, Alfredo Russo, en nombre de la nena.

Desde Conders-Entre Ríos, Carolina Comaleras consideró que “es absurdo pensar en pedirle autorización a un juez para hacer algo que está expresamente permitido en el Código Penal y resulta por lo tanto no punible”. El Conders es una red de organizaciones de la sociedad civil que monitorea el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos en el país. Comaleras recordó que el 19 de agosto de 2011 se realizó en el Hospital Masvernat, un seminario provincial sobre Marcos Legales para Referentes de Salud Sexual, Reproductiva y Salud Integral de las/los Adolescentes “destinado a los equipos de salud de hospitales y centros de salud, con el propósito de garantizar los derechos sexuales y reproductivos”. “Concurrieron 130 personas de 12 departamentos. Evidentemente algunos faltaron”, apuntó, luego de conocer el informe de los médicos que avalaron que la niña siga con el embarazo, y además, exigen una autorización judicial para llevar adelante el aborto no punible.

La investigación por el abuso sexual tramita en el departamento judicial de Colón y está a cargo del fiscal Juan Malvasio. Según relató la niña, en Cámara Gesell, el abuso habría ocurrido cuando fue a visitar a un abuelo y el culpable sería un amigo de un vecino que tendría 17 años, y ya estaría identificado, aunque por su edad es inimputable.