Paraná se suma a la cruzada contra el funcionamiento de prostíbulos

La medida, explicó la intendenta Blanca Osuna, apunta a combatir la trata de personas y la explotación sexual. En el prostíbulo más antiguo de la ciudad instaló la sede del Consejo Municipal de la Mujer. Rescataron a unas ochenta mujeres. El gobierno municipal de la ciudad entrerriana de Paraná, encabezado por la intendenta Blanca Osuna, se sumó a la cruzada contra el funcionamiento de prostíbulos: cerró todos los cabarets, whiskerías y locales de la zona donde se ejercía la prostitución e inauguró en Pensión 14 –una de las casas de citas más antiguas de la capital provincial– el Consejo Municipal de la Mujer, como “un espacio para resignificar y restituir derechos”. En diálogo con Página/12, Osuna señaló que la decisión de clausurar los ocho albergues que funcionaban en Paraná significó “visibilizar una problemática que involucra a muchas mujeres que todos los días son explotadas sexualmente”. “Como senadora trabajé en la elaboración de la Ley de Trata de Personas Nº 26.364 –sancionada en 2008– y apenas asumí la intendencia de Paraná, a fines del año pasado, decidí que había que inspeccionar los lugares que estaban habilitados como bares sin elaboración de comida y modificar la ordenanza municipal Nº 8955, que permitía su funcionamiento.” Las acciones comenzaron a mediados de febrero y desde ese momento y hasta mayo se cerraron los prostíbulos Pensión 14, Barrabás, Reina de la Noche, La Escalera, Que Quen, El Zorzal y otros dos locales, con lo cual Paraná se convirtió en una ciudad libre de prostíbulos. En mayo de este año y con la aprobación de la Ordenanza Nº 9005, que “prohíbe el funcionamiento en la capital entrerriana de todas las casas o locales con acceso abierto o restringido, que permitan a sus propietarios, administradores o terceros obtener lucro, ganancia o comisión por la explotación sexual o el ejercicio de la prostitución con o sin consentimiento”, se le dio marco legal a la iniciativa impulsada. La nueva legislación municipal estableció también “la caducidad automática, la inhabilitación de por vida para la tramitación de cualquier licencia comercial y la aplicación de multas para los propietarios de locales donde se constaten actividades de explotación sexual”. “En los procedimientos pudimos rescatar a unas ochenta mujeres que ejercían la prostitución y que se encontraban en condiciones infrahumanas, es decir, convivían en medio de la suciedad en estos locales y con un alto riesgo de contraer enfermedades. Lo más llamativo es que al ser consultadas, muchas de estas mujeres decían que ‘estaban allí por su propio consentimiento’, pero estoy convencida de que la prostitución no es una opción que satisfaga, sino que tiene que ver con una práctica cultural que está vinculada con la miseria, con la pobreza y con la necesidad, como bien lo dicen muchas mujeres que la ejercen”, expresó Osuna. Como contrapartida, desde la Oficina de Empleo municipal se trabaja para la inclusión de las mujeres que estaban en esos sitios en talleres de capacitación en oficios, que duran entre dos y nueve meses. Además, se les posibilita líneas de financiamiento de hasta 15 mil pesos para el desarrollo de microemprendimientos, en articulación con el Ministerio de Trabajo de la Nación. La intendenta relató que “todos los allanamientos a los locales fueron diferentes. En algunos lugares hubo mayor resistencia a dejar lo que estas mujeres consideraban su única fuente de trabajo”. Además, comentó que “la prostitución establece una relación que no es laboral, sino de explotación, ya que las mujeres entregan el 50 por ciento de su pase en prácticas donde se expone al máximo su intimidad”. La intendenta dijo a este diario que “en total encontraron a unas ocho mujeres víctimas de trata provenientes de la provincia de Buenos Aires o de nacionalidad dominicana, que a través de reclutadores eran llevadas a Paraná para prostituirse, algo que desde el municipio comprobaron en diálogo con las víctimas, todas ellas mayores de edad”. Además, dijo que con la inauguración del Consejo Municipal de la Mujer en un lugar donde desde hace más de cincuenta años se ofrecían mujeres para ser explotadas sexualmente, “el gobierno local apostará al desarrollo personal de las víctimas, mediante diversas actividades de concientización que reforzarán el valor simbólico de la lucha por los derechos de la mujer”. Informe: Sabrina Améndola.

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE FEMICIDIOS EN ARGENTINA

1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO de 2012 Estos datos corresponden al informe de Investigación de Femicidios en Argentina, que abarca el período 1º de Enero al 30 de Junio de 2012 y han sido recopilados de las Agencias informativas: Télam y DyN y 120 diarios de distribución nacional y/o provincial así, como el seguimiento de cada caso en los medios. En el presente informe de Investigación de Femicidios en Argentina que abarca el periodo 1º de Enero al 30 de Junio de 2012, se registran: · 119 Femicidios y Femicidios “Vinculados” de mujeres y niñas. · 11 Femicidios “Vinculados” de hombres y niños. · 161 Hijas e hijos de mujeres asesinadas por violencia de género. Víctimas colaterales del Femicidio Del Informe de Investigación sobre Femicidios en Argentina, elaborado por el “Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por La Asociación Civil La Casa del Encuentro, se destacan los siguientes resultados: En los registros realizados, no están contemplados por la insuficiente información que surgen de los medios de comunicación los siguientes casos: · Mujeres que ingresaron a los hospitales con evidencia de violencia sexista, pero al fallecer en sus certificados de defunción figura muerte por paro cardiorrespiratorio u otro causal, invisibilizando la violencia que generó el cuadro traumático. · · Mujeres que mueren por abortos clandestinos. · Mujeres que aparecen en las noticias como muertas por suicidio, pero que han padecido previamente una situación de violencia sexista en sus vidas. Con este Informe de Investigación, estamos solicitando y remarcando la necesidad de: · Existencia de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres incluyendo los índices de femicidios, articuladas con la sociedad civil. · Incorporación en el Código Penal de la figura de Femicidio, como una figura penal autónoma. Pérdida automática y definitiva de la patria potestad del femicida, no así de sus obligaciones alimentarías. · Adhesión de todas las provincias a la LEY Nº 26.485. Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. · Dialogo / Pacto y Consenso Social Político para diseñar un Plan Nacional para la erradicación de la violencia de género, compuesto por el Ejecutivo Nacional, Ejecutivos Provinciales, Poder Judicial, Poderes Legislativos, Fuerzas de seguridad, Universidades, Asociaciones Sindicales, Partidos Políticos y Organizaciones de la Sociedad Civil. · Tratamiento prioritario y urgente para leyes que en las Cámaras Legislativas Nacionales y Provinciales contemplen prevención, asistencia directa y sanciones. · Apertura de Oficinas de Violencia domestica de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias. · Protección integral y efectiva desde una perspectiva de género para la mujer víctima de violencia. · Garantizar el acceso a la justicia con patrocinios jurídicos gratuitos en todo el país especializados y capacitados en la temática · Existencia de mayor cantidad de Hogares Refugios, Hogares de Día para víctimas, con una asistencia interdisciplinaria, desde una perspectiva de género con el objetivo no solo de proteger en la emergencia sino también fortalecer a las victimas para que puedan de esta forma rearmar un proyecto de vida libre de violencia · Intensificar campañas de prevención e información. · Asignación de un subsidio habitacional y de alimentación para las víctimas de violencia otorgado por el Estado Nacional. · Implementación de un número telefónico único y gratuito a nivel nacional, para denuncias, orientación y derivación en violencia de género. · Asignación de Presupuesto acorde para poder implementar en su totalidad la LEY N º 26.485 “Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”. · Incorporación en todas las curriculas educativas de los diferentes niveles la temática de violencia sexista · Capacitaciones obligatorias a efectores profesionales que trabajen con la temática de violencia en diferentes dependencias gubernamentales de todo el país · Modificación de la Ley de Ministerios para la creación de un Ministerio de Igualdad de oportunidades y asignar mas presupuesto a todas las dependencias que son órgano de aplicación en la temática de genero o derechos de las mujeres y la familia Es necesario considerar a la violencia sexista, como una cuestión política, social, cultural y de Derechos Humanos, de esta forma se podrá ver la grave situación que viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina como una realidad colectiva por la que se debe actuar de manera inmediata. OBSERVATORIO DE FEMICIDIOS EN ARGENTINA “ADRIANA MARISEL ZAMBRANO” Coordinado por La Asociación Civil La Casa del Encuentro

EL DEBATE EN LA CIUDAD POR LA REGLAMENTACION DE LOS ABORTOS NO PUNIBLES

Con dos dictámenes en puerta La semana próxima, la Comisión de Salud de la Legislatura dará su aprobación a dos proyectos diferentes: uno del PRO y otro consensuado por la oposición. La iniciativa oficialista busca introducir más requisitos que los previstos por la Corte Suprema. Por Mariana Carbajal La semana próxima está previsto que se firme dictamen en la Comisión de Salud de la Legislatura porteña para reglamentar los abortos no punibles en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Pero el macrismo y la oposición no pudieron limar sus diferencias en torno del tema, a pesar de los intensos debates que vienen manteniendo los asesores de los diputados de las distintas bancadas, desde que la Corte Suprema dictó su fallo el 13 de marzo y reafirmó que todas las mujeres que resultan embarazadas en una violación tienen derecho a interrumpir la gestación y se les debe allanar el camino para poder acceder al aborto, y exhortó a las distintas jurisdicciones a fijar protocolos de atención de esos casos. Sin embargo, el PRO busca imponer más requisitos que los que estableció el máximo tribunal, para obstaculizar la práctica. Por ejemplo, propone que se expida sobre cada pedido un comité interdisciplinario. El punto de mayor distancia tiene que ver con las adolescentes. Para el oficialismo, a las menores de 18 años se les debe exigir la autorización de los padres. Para la oposición –que consensuó un proyecto–, ese requisito debe pedirse a las menores de 14 años. Con este panorama, se firmarán dos dictámenes. En la Comisión de Salud el PRO tiene siete votos y la oposición seis. El kirchnerismo, la Coalición Cívica, Nuevo Encuentro, Proyecto Sur y Buenos Aires para Todos acordaron un texto. También apoyan la propuesta consensuada –aunque no tienen diputados en esa comisión– el radicalismo y el Frente Progresista Popular. En el PRO, en cambio, hay disidencias en el interior de la bancada, aunque la vicepresidenta de la Comisión de Salud, Carmen Polledo –autora de uno de los proyectos del PRO–, destacó ayer en diálogo con este diario que hay voluntad política en el oficialismo para fijar un protocolo para la atención de los abortos no punibles, un cambio sustantivo en relación con los últimos años, cuando el macrismo sistemáticamente bloqueó el tratamiento del tema en la Legislatura. De hecho, la propia Polledo firmó en 2010 el archivo de un proyecto impulsado por la oposición, que desde 2008 busca legislar sobre la atención de los abortos no punibles. Estaba previsto que los dictámenes se firmaran en la reunión de la comisión de ayer, pero el PRO pidió una semana más. Una vez que pase por Salud, el debate continuará en las comisiones de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud y en la de Justicia. En ambas, el macrismo tiene mayoría. Si el proyecto llega al recinto, y toda la oposición se disciplina y vota con asistencia perfecta, podría contar con la mayoría (31 votos) para imponer el proyecto consensuado, que respeta los lineamientos que fijó la Corte Suprema para garantizar el derecho de las mujeres a acceder a los abortos no punibles, contemplados en el artículo 86 del Código Penal. El Comité Capital de la UCR emitió recientemente un documento donde fijó su posición a favor de legislar en ese sentido. El dictamen de la oposición es el resultado de la unificación de los proyectos de Gabriela Alegre (FpV), Laura García Tuñón (Buenos Aires para Todos), Fernando Sánchez (C. C.), María Elena Naddeo (Frente Progresista Popular), Virginia González Gass (Proyecto Sur), María José Lubertino (FpV), y María Rachid (FpV), entre otros legisladores. En relación con las menores de edad –un tema que no aborda el fallo de la Corte–, plantea que “será válido el consentimiento (de la paciente) a partir de los 14 años de edad”. Es decir, en esos casos no se requiere autorización de los padres. En los casos de niñas menores de esa edad, el consentimiento será otorgado por su representante legal. Si no llegara a haber acuerdo entre la menor de 14 años y su representante legal, se le dará intervención a la Asesoría Legal Tutelar. Si las diferencias entre las partes persisten, prevalecerá la voz de la niña, de acuerdo con la ley de protección integral de niñas, niños y adolescentes. En cuanto a los plazos para efectivizar la práctica, plantea que “se debe garantizar la realización del diagnóstico en el menor plazo posible” y que no debe superar los cinco días desde el consentimiento de la mujer o de su representante legal. Para llevar adelante el aborto no punible intervendrá un solo profesional (no se contempla que opine ningún comité interdisciplinario, como prevé la propuesta del PRO) y bastará que le presente una declaración jurada en caso de violación. El proyecto macrista –que unificó las propuestas de Helio Rebot y Carmen Polledo y Lía Rueda– establece que se dé intervención también al director del hospital, además del médico, que será encargado de guardar una copia de la declaración jurada.