martes, 1 de diciembre de 2009

EL DERECHO A TENER DERECHOS.

A mis amigos y amigas:

En el contexto de la sociedad argentina y en el de las comunidades de fe en Argentina se ha instalado el debate sobre el acceso de las personas de orientación homosexual al contrato matrimonial. Desde mi identidad religiosa y como pastor de una iglesia evangélica, quiero decirle a quienes se preparan para celebrar el primer casamiento gay en el país, que los protestantes y evangélicos conocemos esa experiencia de exclusión de derechos y el difícil camino para llegar a una igualdad de derechos. Es por ello que me uno a esta celebración.

Quienes en algún momento hemos sido considerados “disidentes”,“cismáticos”, “herejes” o una amenaza a la identidad nacional, por quienes se han sentido dueños de la nacionalidad, podemos ahora compartir con la comunidad homosexual el sentimiento de que ya nosotras y nosotros mismo hemos estado allí, en esa situación de exclusión. Conocemos esa amargura por el desconocimiento de derechos y ser tratados como ciudadanos y ciudadanas de segunda. Es por ello y fundamentado en la memoria histórica y en mi identidad religiosa que quiero unirme a la alegría de este paso en el ejercicio de los derechos de ciudadanía y compartir el fundamento de mi apoyo a esta apertura a vivir los mismos derechos y obligaciones con los mismos nombres y con las mismas reglamentaciones. No es por capricho ni por demagogia que apoyo la celebración de las bodas de la semejanza sino por fidelidad a mi compromiso con la libertad religiosa fundamento de todas las libertades y de todas las igualdades.

En primer lugar quiero recordar que este debate ya ocurrió en Argentina. Durante muchos siglos, a lo largo de todo el Virreinato del Río de la Plata , luego con las Provincias Unidas y más tarde durante los primeros 40 años de vigencia del Código Civil, las y los protestantes no teníamos acceso al reconocimiento legal del matrimonio. Quienes no confesaban la pertenencia a la Iglesia Católica Romana no teníamos acceso al reconocimiento del matrimonio ni podíamos ser enterrados en los mismos cementerios ni anotar legalmente a sus hijos e hijas. Ese desconocimiento de derechos ya lo conocimos. La discusión que se implanto cuando se aprobó la Ley de Registro Civil tiene muchísimas semejanzas con el actual debate. Aquellos que tenían el poder de la hegemonía religiosa, con los mismos argumentos y con los mismos actores, emprendieron una cruzada en contra del Registro Civil. Fundamentado sus posiciones en que esa legislación era un atentado y una violación al carácter sacramental del matrimonio y que ponía en peligro una institución básica de la sociedad. Arzobispos, obispos y presbíteros diversos se opusieron con todas sus energías a conceder los mismos derechos con los mismos nombres a los protestantes y disidentes de esas posiciones hegemónicas. El debate fue tan intenso que un nuncio apostólico de la Ciudad del Vaticano fue expulsado y durante varios años se interrumpieron las relaciones entre ese Estado y el gobierno argentino. Diversos obispos fueron sancionados por su oposición a la novedad del Registro Civil pero la voluntad política y las convicciones del gobierno en defensa de la autonomía del Estado de cualquier ingerencia religiosa prevaleció. El gobierno entendió que debe legislar para todos los ciudadanos y ciudadanas. Las iglesias protestantes y toda la diversidad religiosa establecida en la Argentina acompaño y apoyó ese cambio en la legislación referente a matrimonio, cementerios y registro de nacimientos. Es por ello que ahora y en continuidad con aquel apoyo, es que sostengo el derecho de la comunidad homosexual argentina a gozar de los mismos derechos y las mismas obligaciones que establece el contrato de matrimonio.

Es importante recordar que estamos hablando de un contrato, porque de eso se trata cuando hablamos de la Ley Nacional de Matrimonios, que no afecta en nada nuestras convicciones religiosas y no nos impone absolutamente ninguna obligación a modificar nuestra comprensión sobre la unión de dos personas en una relación comprometida, de amor, respeto, equidad y justicia. Cada comunidad religiosa hemos de seguir afirmando exactamente lo mismo he hemos dicho hasta ayer.

Por otra parte, tenemos que poner en contexto este debate. Estamos hablando de una Ley para modificar el Código Civil y no de una modificación de las Sagradas Escrituras. El debate es por un tema que compete a la sociedad secular donde a lo largo de los siglos los conceptos relacionados con el contrato matrimonial han sido diversos y sufrieron muchas modificaciones porque en el área civil se utiliza la razón como herramienta de discusión y no la revelación divina. Como protestantes hemos acompañado y apoyado muchos de esos cambios porque garantizaban los derechos de las mujeres, de los hijos e hijas que nacieron fuera del contrato matrimonial y la posibilidad de romper ese vínculo cuando la situación era insostenible.

Ahora estamos discutiendo las modificaciones a una ley que se refiere a un contrato civil y no estamos debatiendo cambios a ningún versículo bíblico o alteración alguna a nuestras identidades confesionales. Es un debate secular y, si bien los protestantes bendecimos los matrimonios, continúan siendo para nosotros y nosotras, contratos civiles. Es por ello que defendemos la autonomía del estado como un valor sumamente importante y que garantiza la libertad de conciencia, religiosa y el pleno ejercicio de los derechos humanos para todos y todas.

Asimismo, el compromiso la comunidad de fe a la cual pertenezco, con los derechos humanos, me impide totalmente participar de manifestación alguna que quiera impedir el pleno ejercicio de derechos a un grupo de la diversidad multifacético que compone la identidad nacional. Todas y todos los habitantes de la Argentina tienen derecho a los mismos derechos y esa es una convicción que no estamos dispuestos a negociar, negar o parcializar.

Por lo tanto, y en consecuencia, coherencia, fidelidad con la historia de mi comunidad y con mi identidad confesional, apoyo la iniciativa para que el Estado Argentino y todos sus magistrados garanticen el pleno ejercicio de los derechos de ciudadanía de todas y todos.

Pastor Lisandro Orlov

Pastoral Ecuménica VIH-SIDA

Iglesia Evangélica Luterana Unida.

Buenos Aires. Argentina.


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