AGRADECEMOS DIFUNDIR LA CONVOCATORIA
ANUNCIO DE LANZAMIENTO CAMPAÑA ON-LINE CONTRA LA TRATA
Buenos Aires, 22 de julio de 2009-
La Fundación Mujeres En Igualdad convoca a todas y todos aquellas/os que quieran aportar su creatividad en imágenes para denunciar la forma más cruel de las violencias de género: la esclavitud humana, principalmente de mujeres, niños/as y adolescentes. Para ello ha creado un sitio http://stophumantrafficking.ning.com/video donde se invita a subir y compartir fotos y videos (de menos de un minuto) de performances, teatro, danza, o instalaciones que denuncien la TRATA HUMANA. El 23 de septiembre se recuerda el “Día Internacional de la Trata”, durante ese día se realizará el evento “Un mundo contra la trata” donde se prevé la proyección de las imágenes subidas a http://stophumantrafficking.ning.com en pantallas gigantes de las ciudades participantes del mundo.“La trata de personas es la anulación de todos los derechos de una persona”, afirma Monique Thiteux Altschul, directora ejecutiva de Mujeres en Igualdad, esta convocatoria quiere incluir activamente a jóvenes, adolescentes, y aun niñas/os pues forman parte de la población más en riesgo. También constituye un intento de crear conciencia en el cliente: sin clientes no hay trata ni proxenetismo ni explotación sexual”, concluye. Se aceptarán videos hasta el 23 de agosto a medianoche. Consultas a: Fundación Mujeres en Igualdad mujeresenigualdad@infovia.com.ar
jueves, 23 de julio de 2009
martes, 7 de julio de 2009
campaña por un Registro nacional y público de violadores
Si querés sumarte a la campaña entrá a: www.construyendojusticia.com
Para que el caso de Soledad Bargna asesinada el 22 de mayo en su departamento, donde la desidia estatal y judicial volvieron a cobrarse una víctima, y para que mañana no le toque a tu familia o amigos, los ciudadanos de la Nación Argentina, no exigimos justicia, construímos justicia. Dejá tus datos en el formulario y sumate a la construcción de un mejor futuro para todos. Exigimos la exclusión de los violadores de la Ley 24.660 (de Pena Privativa de la Libertad), un Registro Nacional y Público de Violadores, y un tratamiento diferenciado de la sociedad para reincidentes. Gracias por tu apoyo.
lunes, 6 de julio de 2009
REGRESO A LA CAVERNA
SERGIO RAMÍREZ 30/06/2009
El golpe militar consumado contra el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, ha representado para América Latina el regreso a la era de las cavernas, cuando era signo común que los ejércitos actuaran como árbitros finales del poder político. Los regímenes surgidos de los golpes militares fueron un mal propio de Centroamérica por décadas, lo que ganó a estos países el triste título de repúblicas bananeras, denominador común que se extendió hacia todos aquellos otros donde hubiera un ejército dispuesto a ejercer sus prerrogativas de gorilato.
Las imágenes de las calles de Tegucigalpa que vimos en la televisión, con los tanques de guerra y los carros blindados en agresivo despliegue, y las patrullas de soldados en atuendo de combate, volvieron a poner el reloj en la hora más negra de un pasado que parecía sepultado para siempre. Y un presidente levantado a la fuerza de su cama en la madrugada por un pelotón de militares encapuchados que invade su casa, subido en pijama a un avión, y llevado a otro país, son también imágenes de una vieja película que creíamos no volveríamos a ver jamás. Pero están allí, ante nuestros ojos, y corresponden a las realidades del siglo veintiuno.
Las justificaciones legales de toda la trama son torpes. He oído al diputado Roberto Micheletti, nombrado presidente de la república por el Congreso Nacional después del golpe para suceder a Zelaya, que la acción se debió a la orden de un juez, impartida a los mandos militares. Imaginen el tamaño de la artimaña. Un juez que da un mandamiento a quien no debe, porque el ejército no tiene funciones de policía más que bajo un régimen ocupación, y menos puede ordenar a los militares que saquen de su cama a un presidente debidamente electo, que goza de inmunidad, y que lo extrañen del país, desde luego que el destierro no existe ni como medida preventiva, ni como pena, bajo la ley. Sólo usar esta coartada es ya una vergüenza.
La magnitud de la agresión que ha sufrido el orden democrático en Honduras, deja atrás cualquier debate acerca de la precaria situación en que el presidente Zelaya se había puesto en los días anteriores al golpe militar. Parado en el filo de la navaja, no supo hacer una lectura sensata del balance político de fuerzas, cuando todo se acumulaba en su contra. Horas antes de ser sacado violentamente de su casa y del país, había perdido el respaldo de la Asamblea Nacional, que luego votó de manera unánime su sustitución; de su propio partido, el Partido Liberal, cuyos diputados votaron todos por la sustitución, junto con los de los otros partidos; de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Electoral, y de la Fiscalía; de buen número de los medios de comunicación con los que había entrado en una áspera pugna, de las cúpulas de empresarios, y de la jerarquía de la Iglesia Católica. Se hallaba solo, y no parecía reparar en ello.
El presidente Zelaya se olvidó, Dios sabe por qué, del terreno que estaba pisando, al insistir en llevar adelante una consulta popular, organizada por él mismo, y que debió realizarse el propio domingo de su derrocamiento, cuando los otros poderes del estado se lo habían prohibido bajo argumentos de inconstitucionalidad. Conforme esta consulta, pretendía obtener respaldo para hacer que en las elecciones generales de noviembre próximo se instalara una cuarta urna en la que los ciudadanos debían votar si quería un cambio de Constitución Política, algo que el Consejo Electoral le había ya negado, con el respaldo de la Corte Suprema de Justicia.
Siguió actuando con atolondramiento cuando ordenó al Ejército desembarcar el material electoral de la consulta, llegado desde Venezuela, y repartirlo en los centros de votación; y cuando el jefe del ejército se negó, hizo destituirlo, para que de inmediato sus adversarios en los otros poderes del estado respaldaran al destituido, previa renuncia de todo el estado mayor en solidaridad con su jefe. Para provocar una crisis de este tamaño, el presidente debió sentir que tenía alguna clase de respaldo sustancial. ¿Pero dónde estaba ese respaldo? ¿En qué instituciones? ¿En qué organizaciones populares, en qué sindicatos, en qué partidos políticos, en qué corporaciones? ¿Contaba acaso con la mayoría de la opinión pública?
Siento que el presidente Zelaya se vio en otro país que no era Honduras, y subestimó el poder de los estamentos conservadores, que miraron con antipatía y desconfianza su alineamiento con la izquierda populista que representan Chávez y Ortega, y su amistad con Fidel Castro, una legítima escogencia personal suya, de todas maneras. Es, al menos, uno de los argumentos que de manera solapada utiliza Micheletti para justificar el golpe: ha dicho que Zelaya, su correligionario liberal, cambió de ideología en el camino, y "se volvió de izquierda", lo que al fin y al cabo le cobraron con el golpe militar.
Los errores de apreciación política del presidente Zelaya, que no advirtió el terreno que estaba pisando, y sus enfrentamientos con el orden legal para promover un cambio constitucional que le permitiera la reelección, como es ahora el impulso de los líderes en el gobierno en no pocos países de América Latina, se vuelven anecdóticos. Fue depuesto de manera ilegal y brutal, y eso es lo que cuenta.
La prueba de fuego es ahora para la Organización de Estados Americanos (OEA), que debe demostrar si es capaz de hacer valer su Carta Democrática. No puede haber trasgresores del orden constitucional, ni los golpes militares pueden quedar en la impunidad.
*Sergio Ramírez es escritor y ex vicepresidente de Nicaragua. Más información en www.sergioramirez.com
El golpe militar consumado contra el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, ha representado para América Latina el regreso a la era de las cavernas, cuando era signo común que los ejércitos actuaran como árbitros finales del poder político. Los regímenes surgidos de los golpes militares fueron un mal propio de Centroamérica por décadas, lo que ganó a estos países el triste título de repúblicas bananeras, denominador común que se extendió hacia todos aquellos otros donde hubiera un ejército dispuesto a ejercer sus prerrogativas de gorilato.
Las imágenes de las calles de Tegucigalpa que vimos en la televisión, con los tanques de guerra y los carros blindados en agresivo despliegue, y las patrullas de soldados en atuendo de combate, volvieron a poner el reloj en la hora más negra de un pasado que parecía sepultado para siempre. Y un presidente levantado a la fuerza de su cama en la madrugada por un pelotón de militares encapuchados que invade su casa, subido en pijama a un avión, y llevado a otro país, son también imágenes de una vieja película que creíamos no volveríamos a ver jamás. Pero están allí, ante nuestros ojos, y corresponden a las realidades del siglo veintiuno.
Las justificaciones legales de toda la trama son torpes. He oído al diputado Roberto Micheletti, nombrado presidente de la república por el Congreso Nacional después del golpe para suceder a Zelaya, que la acción se debió a la orden de un juez, impartida a los mandos militares. Imaginen el tamaño de la artimaña. Un juez que da un mandamiento a quien no debe, porque el ejército no tiene funciones de policía más que bajo un régimen ocupación, y menos puede ordenar a los militares que saquen de su cama a un presidente debidamente electo, que goza de inmunidad, y que lo extrañen del país, desde luego que el destierro no existe ni como medida preventiva, ni como pena, bajo la ley. Sólo usar esta coartada es ya una vergüenza.
La magnitud de la agresión que ha sufrido el orden democrático en Honduras, deja atrás cualquier debate acerca de la precaria situación en que el presidente Zelaya se había puesto en los días anteriores al golpe militar. Parado en el filo de la navaja, no supo hacer una lectura sensata del balance político de fuerzas, cuando todo se acumulaba en su contra. Horas antes de ser sacado violentamente de su casa y del país, había perdido el respaldo de la Asamblea Nacional, que luego votó de manera unánime su sustitución; de su propio partido, el Partido Liberal, cuyos diputados votaron todos por la sustitución, junto con los de los otros partidos; de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Electoral, y de la Fiscalía; de buen número de los medios de comunicación con los que había entrado en una áspera pugna, de las cúpulas de empresarios, y de la jerarquía de la Iglesia Católica. Se hallaba solo, y no parecía reparar en ello.
El presidente Zelaya se olvidó, Dios sabe por qué, del terreno que estaba pisando, al insistir en llevar adelante una consulta popular, organizada por él mismo, y que debió realizarse el propio domingo de su derrocamiento, cuando los otros poderes del estado se lo habían prohibido bajo argumentos de inconstitucionalidad. Conforme esta consulta, pretendía obtener respaldo para hacer que en las elecciones generales de noviembre próximo se instalara una cuarta urna en la que los ciudadanos debían votar si quería un cambio de Constitución Política, algo que el Consejo Electoral le había ya negado, con el respaldo de la Corte Suprema de Justicia.
Siguió actuando con atolondramiento cuando ordenó al Ejército desembarcar el material electoral de la consulta, llegado desde Venezuela, y repartirlo en los centros de votación; y cuando el jefe del ejército se negó, hizo destituirlo, para que de inmediato sus adversarios en los otros poderes del estado respaldaran al destituido, previa renuncia de todo el estado mayor en solidaridad con su jefe. Para provocar una crisis de este tamaño, el presidente debió sentir que tenía alguna clase de respaldo sustancial. ¿Pero dónde estaba ese respaldo? ¿En qué instituciones? ¿En qué organizaciones populares, en qué sindicatos, en qué partidos políticos, en qué corporaciones? ¿Contaba acaso con la mayoría de la opinión pública?
Siento que el presidente Zelaya se vio en otro país que no era Honduras, y subestimó el poder de los estamentos conservadores, que miraron con antipatía y desconfianza su alineamiento con la izquierda populista que representan Chávez y Ortega, y su amistad con Fidel Castro, una legítima escogencia personal suya, de todas maneras. Es, al menos, uno de los argumentos que de manera solapada utiliza Micheletti para justificar el golpe: ha dicho que Zelaya, su correligionario liberal, cambió de ideología en el camino, y "se volvió de izquierda", lo que al fin y al cabo le cobraron con el golpe militar.
Los errores de apreciación política del presidente Zelaya, que no advirtió el terreno que estaba pisando, y sus enfrentamientos con el orden legal para promover un cambio constitucional que le permitiera la reelección, como es ahora el impulso de los líderes en el gobierno en no pocos países de América Latina, se vuelven anecdóticos. Fue depuesto de manera ilegal y brutal, y eso es lo que cuenta.
La prueba de fuego es ahora para la Organización de Estados Americanos (OEA), que debe demostrar si es capaz de hacer valer su Carta Democrática. No puede haber trasgresores del orden constitucional, ni los golpes militares pueden quedar en la impunidad.
*Sergio Ramírez es escritor y ex vicepresidente de Nicaragua. Más información en www.sergioramirez.com
Carta pastoral de CLAI a Honduras
Consejo Latinoamericano de Iglesias
Quito / Ecuador, 30 de junio del 2009.
“Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios, y medita en él de día y de noche, para
que hagas siempre lo que este ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien.” Josué 1.8
A las iglesias y organismos ecuménicos
Miembros del CLAI en Honduras
Estimados hermanos y hermanas:
Saludos fraternales en Cristo Jesús.
Mucho nos está preocupando las noticias que escuchamos de vuestro país como resultado del
golpe de estado contra el Gobierno del Presidente José Manuel Zelaya Rosales que produjo
una alteración inconstitucional del orden democrático. Las imágenes cerca de la Casa
Presidencial nos presentan escenarios de violentas cargas policiales y la Cruz Roja atendiendo
a decenas de personas contusionadas, algunas de ellas con heridas abiertas en la cara.
El Consejo Latinoamericano de Iglesias que reúne más de 170 iglesias y organismos
ecuménicos en 20 países de América Latina y Caribe, tiene como uno de sus objetivos promover
la unidad del pueblo de Dios en América Latina como expresión y como signo de contribución
de la unidad del pueblo latinoamericano. La acción de un grupo de militares en la Casa
Presidencial en Tegucigalpa el domingo 28 de Junio y luego la violenta represión militar, viola el
espíritu de unidad en la lucha y defensa de la democracia en nuestro continente.
La democracia no contempla la alternativa del golpe de estado para la resolución de conflictos.
El respeto a la Constitución de nuestros países debe manifestarse en todos los momentos
políticos, tanto momentos de tranquilidad como momentos de conflictos.
Como Iglesias comprometidas con el Dios de la Vida que reclama la justicia, la paz y el
derecho, nos solidarizamos con las iglesias y con el pueblo hondureño. Reclamamos la
reconstitución de la tranquilidad democrática – que respeta la diversidad y las diferencias y
busca resolver los conflictos por medio del dialogo y del respeto a la voluntad popular.
Entendemos que la reparación de la constitucionalidad solo será posible con la reconducción
del presidente Zelaya a sus funciones, mandato que le fue otorgado por el pueblo hondureño.
En anexo enviamos el texto “regreso a la caverna” del ex vicepresidente de Nicaragua Dr.
Sergio Ramírez como auxilio para entender la compleja situación en Honduras.
Con Paz y Bien y hermanos en la fe.
Rev. Nilton Giese
Quito / Ecuador, 30 de junio del 2009.
“Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios, y medita en él de día y de noche, para
que hagas siempre lo que este ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien.” Josué 1.8
A las iglesias y organismos ecuménicos
Miembros del CLAI en Honduras
Estimados hermanos y hermanas:
Saludos fraternales en Cristo Jesús.
Mucho nos está preocupando las noticias que escuchamos de vuestro país como resultado del
golpe de estado contra el Gobierno del Presidente José Manuel Zelaya Rosales que produjo
una alteración inconstitucional del orden democrático. Las imágenes cerca de la Casa
Presidencial nos presentan escenarios de violentas cargas policiales y la Cruz Roja atendiendo
a decenas de personas contusionadas, algunas de ellas con heridas abiertas en la cara.
El Consejo Latinoamericano de Iglesias que reúne más de 170 iglesias y organismos
ecuménicos en 20 países de América Latina y Caribe, tiene como uno de sus objetivos promover
la unidad del pueblo de Dios en América Latina como expresión y como signo de contribución
de la unidad del pueblo latinoamericano. La acción de un grupo de militares en la Casa
Presidencial en Tegucigalpa el domingo 28 de Junio y luego la violenta represión militar, viola el
espíritu de unidad en la lucha y defensa de la democracia en nuestro continente.
La democracia no contempla la alternativa del golpe de estado para la resolución de conflictos.
El respeto a la Constitución de nuestros países debe manifestarse en todos los momentos
políticos, tanto momentos de tranquilidad como momentos de conflictos.
Como Iglesias comprometidas con el Dios de la Vida que reclama la justicia, la paz y el
derecho, nos solidarizamos con las iglesias y con el pueblo hondureño. Reclamamos la
reconstitución de la tranquilidad democrática – que respeta la diversidad y las diferencias y
busca resolver los conflictos por medio del dialogo y del respeto a la voluntad popular.
Entendemos que la reparación de la constitucionalidad solo será posible con la reconducción
del presidente Zelaya a sus funciones, mandato que le fue otorgado por el pueblo hondureño.
En anexo enviamos el texto “regreso a la caverna” del ex vicepresidente de Nicaragua Dr.
Sergio Ramírez como auxilio para entender la compleja situación en Honduras.
Con Paz y Bien y hermanos en la fe.
Rev. Nilton Giese
martes, 2 de junio de 2009
Invitación FAIE
La Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) invita a instituciones de iglesias y organismos ecuménicos a participar de un encuentro sobre:
. Promoción e implementación del Derecho Garantizado para la Niñez en la provincia de Buenos Aires, elaborado por el Consejo Consultivo Provincial de Políticas Sociales (CCPPS) del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.
. Propuesta del Proyecto de legislación.
Este encuentro se realizará el día 12 de junio a las 18 hs, en las instalaciones del ISEDET (Camacuá 282).
Contaremos con la presencia del Sr. Ministro Lic. Daniel Arroyo y miembros de su equipo.
. Promoción e implementación del Derecho Garantizado para la Niñez en la provincia de Buenos Aires, elaborado por el Consejo Consultivo Provincial de Políticas Sociales (CCPPS) del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.
. Propuesta del Proyecto de legislación.
Este encuentro se realizará el día 12 de junio a las 18 hs, en las instalaciones del ISEDET (Camacuá 282).
Contaremos con la presencia del Sr. Ministro Lic. Daniel Arroyo y miembros de su equipo.
martes, 28 de abril de 2009
Comunicado de la coordinación de mujeres del Paraguay
COMUNICADO DE LA COORDINACIÓN DE MUJERES DEL PARAGUAY (CMP)
La Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP), red de organizaciones que lleva 22 años trabajando por los derechos de las mujeres, ante los sucesos relacionados con la paternidad del presidente Fernando Lugo, expresa ante la opinión pública sus reflexiones y posturas:
• La paternidad responsable, un asunto de interés público: Los derechos de la infancia, así como los derechos de las mujeres, son un asunto público porque están reconocidos y deben ser garantizados, respetados, protegidos y promovidos por el Estado. Un lema feminista desde hace décadas es “lo personal es político”: lo que aparentemente es una experiencia individual y sin transcendencia política, tiene carácter político porque es parte de un sistema general de dominio masculino y de subordinación femenina. La vigencia de derechos que rompen con este dominio es resultado de luchas ciudadanas, que deben ser conocidas y reconocidas por todas y todos.
• El poder de un hombre no está por encima de la ley: Como feministas, nos parece importante que el desarrollo de los hechos demuestre que existen mecanismos y herramientas para ejercer derechos, que deben ser cumplidos incluso por quienes tienen poder. El presidente, como ciudadano paraguayo, no está por encima de las leyes y debe cumplir con sus deberes de reconocimiento, cuidado y alimentación de quienes resulten ser sus hijos.
• La conducta del presidente Fernando Lugo refleja la persistencia del orden patriarcal: El presidente es parte de una cultura de dominio masculino con plena vigencia en la sociedad paraguaya. Mucho ya se ha hablado de las relaciones de poder de Lugo con algunas de las posibles madres de sus hijos, análisis que nos parece pertinente y que cuestiona el orden patriarcal. Al mismo tiempo nos preocupa que las referencias a estos casos refuercen otros estereotipos atribuidos a las mujeres: como pobres víctimas desprotegidas, como seres incompletos que precisan a un hombre que las proteja y como personas sujetas al dominio masculino en el marco de una heterosexualidad obligatoria. Es esta claudicación permanente de la autonomía la que perjudica a las mujeres frente a jefes, caudillos y diversos poderes de la cultura patriarcal.
• En un Estado laico no existen discriminaciones ni privilegios basados en la religión: Actualmente las hijas e hijos (de un presidente y de quien sea, nacidas/os en cualquier circunstancia) tienen iguales derechos ante las leyes. Antes existían clasificaciones basadas en el estado civil y la relación entre padres y madres. Por ejemplo, se consideraba como “hijos sacrílegos” a descendientes de curas, obispos y demás jerarcas de la iglesia católica. Era así porque el derecho canónico regía el pensamiento del derecho civil, influencia aún vigente aunque haya habido cambios. Por ello, es importante erradicar todo resto de derecho canónico de nuestras leyes, para que una religión no siga discriminando. Sólo un Estado laico puede garantizar los derechos de todas las personas, independientemente de su credo.
• La doble moral de la iglesia católica discrimina y perjudica a las mujeres: La presión cultural y política del catolicismo institucional sobre las leyes, las políticas y las costumbres de nuestro país es negativa para los derechos de las mujeres. La jerarquía católica ha protegido la doble moral reinante, usando el púlpito y su poder para recriminar y negar los derechos sexuales y reproductivos de las personas, protegiendo a la vez a sus propios miembros cuando éstos llevan una vida sexual irresponsable. Es tiempo de reconocer y cambiar esta situación.
• El modelo familiar nuclear y heterosexual no es el único válido para niñas y niños: Podemos obligar a través de leyes a que los hombres reconozcan a su descendencia y se hagan cargo económicamente de ella, y esto es necesario en un país de padres irresponsables como es el Paraguay. Sin embargo, no por ello debemos olvidar que el modelo tradicional de familia nuclear y heterosexual no es el único válido para la crianza de niñas y niños. Las leyes no resuelven la necesidad de afecto y cariño. Nos oponemos a que el reconocimiento paterno (más aún cuando fue inicialmente negado) vaya acompañado de un poder desproporcionado para hombres que, pese al reconocimiento, estarán ausentes frente a las demandas del cotidiano cuidado de hijas e hijos.
• El estupro, una burla penal a los derechos y la dignidad de las mujeres: Más allá de la posible prescripción de los hechos, nos preocupa que el presidente pudiera haber cometido hechos punibles contra la autonomía sexual de las personas. Pero ¿qué pasaría si Lugo fuera culpable? Según lo previsto por nuestro Código Penal machista y discriminatorio, tendría que pagar una multa y asunto terminado. Ésta es la seriedad con la que se toman nuestras leyes la dignidad de la vida de las mujeres. Nos molesta profundamente que personas y grupos políticos que desde sus cargos legislativos no atendieron nuestro reclamo sobre cambios a la ley penal (en éste y muchos otros aspectos), hoy hagan uso político de la supuesta falta presidencial.
• A las feministas se nos escucha cuando conviene: Nos llama la atención el reclamo generalizado de que las feministas nos pronunciemos frente al caso de las paternidades de Lugo, cuando en nuestra lucha cotidiana no se nos escucha y aunque de hecho varias organizaciones y mujeres feministas ya se han pronunciado, mostrando la diversidad de este movimiento social en Paraguay. No nos escucharon cuando hicimos sugerencias frente al proceso de modificación del Código Penal, cuando luchamos por la aprobación de una ley de protección a victimas de delitos contra la autonomía sexual, o por una ley de salud sexual y reproductiva. Las mismas personas que se opusieron a nuestras demandas, ahora denuncian y piden que hablemos para usar nuestra voz en contra del gobierno. La hipocresía, el oportunismo y la doble moral de gran parte de la clase política quedan patentes con estos hechos.
• Nos oponemos a la utilización política de la lucha de las mujeres: Como CMP rechazamos que los partidos políticos y los sectores dominantes y favorecidos a lo largo de la historia del país usen la victimización de las mujeres para sus propios intereses. Cuando estos sectores se comprometan realmente con nuestras luchas podrán hablar con credibilidad sobre estos temas. Mientras tanto, no busquen hacer de nuestras demandas “carne de cañón” para sus pretensiones políticas.
• Como feministas apoyamos la gestión de nuestras compañeras en el Estado: Las organizaciones que conformamos la CMP apoyamos la gestión y el esfuerzo que compañeras nuestras –Gloria Rubín y Liz Torres– desarrollan hoy al frente de la Secretaría de la Mujer y de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia. La historia de lucha que poseen certifica su interés en mejorar la situación de mujeres y de la infancia, y no le deben nada a ningún poderoso por estar en el lugar que ocupan. Nos alegra que se queden allí para seguir trabajando, y no queremos que dejen esos espacios a quienes claman por su alejamiento de los mismos. Al contrario, creemos que es la oportunidad de posicionar con mayor firmeza la necesidad de cambios que coloquen en el centro de la gestión pública los derechos de las mujeres y de la niñez y adolescencia, en especial una fuerte campaña por la paternidad responsable.
Considerando todo esto, la CMP repudia la actitud irresponsable y machista del presidente Fernando Lugo y exige que asuma y repare sus errores, no sólo con un discurso y actuando con la verdad ante las denuncias que le atañen, sino además promoviendo políticas públicas sobre derechos sexuales y reproductivos, sin discriminaciones ni hipocresías.
Asunción, 26 de abril de 2009
La Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP) es una articulación feminista integrada por diez organizaciones: Aireana - Grupo por los Derechos de las Lesbianas, Alter Vida – Centro de Formación y Estudios para el Ecodesarrollo, Asociación Trinidad, Base Educativa de Apoyo Comunitario (BECA), Centro de Documentación y Estudios (CDE), Círculo de Abogadas del Paraguay, Colectivo de Mujeres 25 de Noviembre, Grupo de Estudios de la Mujer Paraguaya (GEMPA), Kuña Róga y Mujeres por la Democracia.
La Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP), red de organizaciones que lleva 22 años trabajando por los derechos de las mujeres, ante los sucesos relacionados con la paternidad del presidente Fernando Lugo, expresa ante la opinión pública sus reflexiones y posturas:
• La paternidad responsable, un asunto de interés público: Los derechos de la infancia, así como los derechos de las mujeres, son un asunto público porque están reconocidos y deben ser garantizados, respetados, protegidos y promovidos por el Estado. Un lema feminista desde hace décadas es “lo personal es político”: lo que aparentemente es una experiencia individual y sin transcendencia política, tiene carácter político porque es parte de un sistema general de dominio masculino y de subordinación femenina. La vigencia de derechos que rompen con este dominio es resultado de luchas ciudadanas, que deben ser conocidas y reconocidas por todas y todos.
• El poder de un hombre no está por encima de la ley: Como feministas, nos parece importante que el desarrollo de los hechos demuestre que existen mecanismos y herramientas para ejercer derechos, que deben ser cumplidos incluso por quienes tienen poder. El presidente, como ciudadano paraguayo, no está por encima de las leyes y debe cumplir con sus deberes de reconocimiento, cuidado y alimentación de quienes resulten ser sus hijos.
• La conducta del presidente Fernando Lugo refleja la persistencia del orden patriarcal: El presidente es parte de una cultura de dominio masculino con plena vigencia en la sociedad paraguaya. Mucho ya se ha hablado de las relaciones de poder de Lugo con algunas de las posibles madres de sus hijos, análisis que nos parece pertinente y que cuestiona el orden patriarcal. Al mismo tiempo nos preocupa que las referencias a estos casos refuercen otros estereotipos atribuidos a las mujeres: como pobres víctimas desprotegidas, como seres incompletos que precisan a un hombre que las proteja y como personas sujetas al dominio masculino en el marco de una heterosexualidad obligatoria. Es esta claudicación permanente de la autonomía la que perjudica a las mujeres frente a jefes, caudillos y diversos poderes de la cultura patriarcal.
• En un Estado laico no existen discriminaciones ni privilegios basados en la religión: Actualmente las hijas e hijos (de un presidente y de quien sea, nacidas/os en cualquier circunstancia) tienen iguales derechos ante las leyes. Antes existían clasificaciones basadas en el estado civil y la relación entre padres y madres. Por ejemplo, se consideraba como “hijos sacrílegos” a descendientes de curas, obispos y demás jerarcas de la iglesia católica. Era así porque el derecho canónico regía el pensamiento del derecho civil, influencia aún vigente aunque haya habido cambios. Por ello, es importante erradicar todo resto de derecho canónico de nuestras leyes, para que una religión no siga discriminando. Sólo un Estado laico puede garantizar los derechos de todas las personas, independientemente de su credo.
• La doble moral de la iglesia católica discrimina y perjudica a las mujeres: La presión cultural y política del catolicismo institucional sobre las leyes, las políticas y las costumbres de nuestro país es negativa para los derechos de las mujeres. La jerarquía católica ha protegido la doble moral reinante, usando el púlpito y su poder para recriminar y negar los derechos sexuales y reproductivos de las personas, protegiendo a la vez a sus propios miembros cuando éstos llevan una vida sexual irresponsable. Es tiempo de reconocer y cambiar esta situación.
• El modelo familiar nuclear y heterosexual no es el único válido para niñas y niños: Podemos obligar a través de leyes a que los hombres reconozcan a su descendencia y se hagan cargo económicamente de ella, y esto es necesario en un país de padres irresponsables como es el Paraguay. Sin embargo, no por ello debemos olvidar que el modelo tradicional de familia nuclear y heterosexual no es el único válido para la crianza de niñas y niños. Las leyes no resuelven la necesidad de afecto y cariño. Nos oponemos a que el reconocimiento paterno (más aún cuando fue inicialmente negado) vaya acompañado de un poder desproporcionado para hombres que, pese al reconocimiento, estarán ausentes frente a las demandas del cotidiano cuidado de hijas e hijos.
• El estupro, una burla penal a los derechos y la dignidad de las mujeres: Más allá de la posible prescripción de los hechos, nos preocupa que el presidente pudiera haber cometido hechos punibles contra la autonomía sexual de las personas. Pero ¿qué pasaría si Lugo fuera culpable? Según lo previsto por nuestro Código Penal machista y discriminatorio, tendría que pagar una multa y asunto terminado. Ésta es la seriedad con la que se toman nuestras leyes la dignidad de la vida de las mujeres. Nos molesta profundamente que personas y grupos políticos que desde sus cargos legislativos no atendieron nuestro reclamo sobre cambios a la ley penal (en éste y muchos otros aspectos), hoy hagan uso político de la supuesta falta presidencial.
• A las feministas se nos escucha cuando conviene: Nos llama la atención el reclamo generalizado de que las feministas nos pronunciemos frente al caso de las paternidades de Lugo, cuando en nuestra lucha cotidiana no se nos escucha y aunque de hecho varias organizaciones y mujeres feministas ya se han pronunciado, mostrando la diversidad de este movimiento social en Paraguay. No nos escucharon cuando hicimos sugerencias frente al proceso de modificación del Código Penal, cuando luchamos por la aprobación de una ley de protección a victimas de delitos contra la autonomía sexual, o por una ley de salud sexual y reproductiva. Las mismas personas que se opusieron a nuestras demandas, ahora denuncian y piden que hablemos para usar nuestra voz en contra del gobierno. La hipocresía, el oportunismo y la doble moral de gran parte de la clase política quedan patentes con estos hechos.
• Nos oponemos a la utilización política de la lucha de las mujeres: Como CMP rechazamos que los partidos políticos y los sectores dominantes y favorecidos a lo largo de la historia del país usen la victimización de las mujeres para sus propios intereses. Cuando estos sectores se comprometan realmente con nuestras luchas podrán hablar con credibilidad sobre estos temas. Mientras tanto, no busquen hacer de nuestras demandas “carne de cañón” para sus pretensiones políticas.
• Como feministas apoyamos la gestión de nuestras compañeras en el Estado: Las organizaciones que conformamos la CMP apoyamos la gestión y el esfuerzo que compañeras nuestras –Gloria Rubín y Liz Torres– desarrollan hoy al frente de la Secretaría de la Mujer y de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia. La historia de lucha que poseen certifica su interés en mejorar la situación de mujeres y de la infancia, y no le deben nada a ningún poderoso por estar en el lugar que ocupan. Nos alegra que se queden allí para seguir trabajando, y no queremos que dejen esos espacios a quienes claman por su alejamiento de los mismos. Al contrario, creemos que es la oportunidad de posicionar con mayor firmeza la necesidad de cambios que coloquen en el centro de la gestión pública los derechos de las mujeres y de la niñez y adolescencia, en especial una fuerte campaña por la paternidad responsable.
Considerando todo esto, la CMP repudia la actitud irresponsable y machista del presidente Fernando Lugo y exige que asuma y repare sus errores, no sólo con un discurso y actuando con la verdad ante las denuncias que le atañen, sino además promoviendo políticas públicas sobre derechos sexuales y reproductivos, sin discriminaciones ni hipocresías.
Asunción, 26 de abril de 2009
La Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP) es una articulación feminista integrada por diez organizaciones: Aireana - Grupo por los Derechos de las Lesbianas, Alter Vida – Centro de Formación y Estudios para el Ecodesarrollo, Asociación Trinidad, Base Educativa de Apoyo Comunitario (BECA), Centro de Documentación y Estudios (CDE), Círculo de Abogadas del Paraguay, Colectivo de Mujeres 25 de Noviembre, Grupo de Estudios de la Mujer Paraguaya (GEMPA), Kuña Róga y Mujeres por la Democracia.
Carta al Director del Diario Crìtica
Carta de nuestra hermana y compañera Dra Soledad García Muñoz al director del Diario Crítica en relación a la nota publicada el 28 del corriente bajo el título:
“Gracias a Dios no hice como Barreda”
Un sector de los especialistas sostiene que la violencia de género es unilateral: de hombres a mujeres. Pero en la Fundación Evolución Sistémica brindan ayuda a víctimas del caso contrario. Cifras y testimonios.
Buenos Aires, 26 de abril de 2009
Sr. Director,
Le hago llegar mis reflexiones en torno a la nota página completa “Gracias a Dios no hice como Barreda” aparecida hoy en su Diario, así como la subnota “Celoso, la mató de 17 puñaladas” - ambas de autoría no identificada –, preocupada porque el enfoque y contenidos de las mismas puedan llegar a generar dudas entre sus lectores/as acerca de la temática sobre la que se pretende informar. Sin obviar la gravedad que reviste todo hecho de violencia que afecte el bienestar de una persona, debe también quedar muy claro que los hechos de violencia ejercidos por mujeres contra hombres en el ámbito de las relaciones interpersonales no son asimilables en su entidad a la violencia de género contra las mujeres: una realidad que es reconocida como una de las más graves violaciones de derechos humanos que persisten en el planeta por las más importantes organizaciones internacionales, como la ONU. Como la nota pone de relieve, a través del testimonio del Sr. Blisniuk, los estereotipos machistas que adjudican al género masculino en exclusiva atributos de fuerza física y capacidad de ejercer violencia penetran la conciencia de la sociedad y las instituciones, generando la inadecuada atención de casos como el descrito. Son hechos dramáticos, dolorosos para sus víctimas y requieren la mejor atención . Igual con todo el reproche que merecen, no son hechos comparables en su naturaleza ni dimensión a las violencias de género que las mujeres vienen sufriendo de manera histórica, sistemática y masiva, a causa de la discriminación que se cierne sobre la mitad femenina de la humanidad. Vale recordar que 1 de cada 3 mujeres en el mundo, hoy, sufre o sufrirá violencia por el hecho de ser mujer. Coincido así con la opinión separada del experto Mario Payarola, cuyos puntos de vista deberían haber sido mejor integrados en el análisis ofrecido, en lugar de separados en una nota a modo de contrapunto. No sólo un sector –como dice el subtítulo del encabezamiento- sino la generalidad de las y los especialistas en el tema hemos comprobado, empíricamente, que la violencia de género contra las mujeres no conoce paralelismo respecto de los hombres, ni en sus causas, ni en sus consecuencias. Llama la atención que la nota no refleje los datos recabados recientemente por organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional o la Casa del Encuentro, que indican que en torno a 200 mujeres fueron asesinadas por sus parejas sólo en 2008. O que según un riguroso estudio de CECYM, 1284 mujeres murieron por violencia de género entre 1997 y 2003 sólo en la Provincia de Buenos Aires – desgraciadamente aún no hay estadísticas oficiales que reflejen fielmente esta realidad-. Por otro lado, los títulos de las notas resultan inadecuados y refuerzan los estereotipos que la misma nota pareciera querer develar. En ambos casos se introducen elementos de justificación hacia el femicidio: como reacción frente a un posible ataque, al haber elegido como titular la referencia al caso Barreda; anteponiendo el adjetivo “celoso” antes de la conducta asesina, en la subnota. Atento lo expuesto, mucho agradecería que publiquen estos comentarios y que los tomen debidamente en cuenta en próximas ocasiones al abordar estas temáticas. Les animo de paso a aplicar de manera constante en sus tareas el Decálogo elaborado por las y los especialistas de la Red Par*, como también a tener en cuenta la nueva Ley 26.485 y en especial sus disposiciones sobre medios de comunicación. Porque sin una adecuada perspectiva de género el derecho a la información no se completa, ni se asume la responsabilidad social que satisfacerlo comporta.
Atentamente,
Soledad García Muñoz
Abogada y Profesora
UNLPDoc. 93766341
“Gracias a Dios no hice como Barreda”
Un sector de los especialistas sostiene que la violencia de género es unilateral: de hombres a mujeres. Pero en la Fundación Evolución Sistémica brindan ayuda a víctimas del caso contrario. Cifras y testimonios.
Buenos Aires, 26 de abril de 2009
Sr. Director,
Le hago llegar mis reflexiones en torno a la nota página completa “Gracias a Dios no hice como Barreda” aparecida hoy en su Diario, así como la subnota “Celoso, la mató de 17 puñaladas” - ambas de autoría no identificada –, preocupada porque el enfoque y contenidos de las mismas puedan llegar a generar dudas entre sus lectores/as acerca de la temática sobre la que se pretende informar. Sin obviar la gravedad que reviste todo hecho de violencia que afecte el bienestar de una persona, debe también quedar muy claro que los hechos de violencia ejercidos por mujeres contra hombres en el ámbito de las relaciones interpersonales no son asimilables en su entidad a la violencia de género contra las mujeres: una realidad que es reconocida como una de las más graves violaciones de derechos humanos que persisten en el planeta por las más importantes organizaciones internacionales, como la ONU. Como la nota pone de relieve, a través del testimonio del Sr. Blisniuk, los estereotipos machistas que adjudican al género masculino en exclusiva atributos de fuerza física y capacidad de ejercer violencia penetran la conciencia de la sociedad y las instituciones, generando la inadecuada atención de casos como el descrito. Son hechos dramáticos, dolorosos para sus víctimas y requieren la mejor atención . Igual con todo el reproche que merecen, no son hechos comparables en su naturaleza ni dimensión a las violencias de género que las mujeres vienen sufriendo de manera histórica, sistemática y masiva, a causa de la discriminación que se cierne sobre la mitad femenina de la humanidad. Vale recordar que 1 de cada 3 mujeres en el mundo, hoy, sufre o sufrirá violencia por el hecho de ser mujer. Coincido así con la opinión separada del experto Mario Payarola, cuyos puntos de vista deberían haber sido mejor integrados en el análisis ofrecido, en lugar de separados en una nota a modo de contrapunto. No sólo un sector –como dice el subtítulo del encabezamiento- sino la generalidad de las y los especialistas en el tema hemos comprobado, empíricamente, que la violencia de género contra las mujeres no conoce paralelismo respecto de los hombres, ni en sus causas, ni en sus consecuencias. Llama la atención que la nota no refleje los datos recabados recientemente por organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional o la Casa del Encuentro, que indican que en torno a 200 mujeres fueron asesinadas por sus parejas sólo en 2008. O que según un riguroso estudio de CECYM, 1284 mujeres murieron por violencia de género entre 1997 y 2003 sólo en la Provincia de Buenos Aires – desgraciadamente aún no hay estadísticas oficiales que reflejen fielmente esta realidad-. Por otro lado, los títulos de las notas resultan inadecuados y refuerzan los estereotipos que la misma nota pareciera querer develar. En ambos casos se introducen elementos de justificación hacia el femicidio: como reacción frente a un posible ataque, al haber elegido como titular la referencia al caso Barreda; anteponiendo el adjetivo “celoso” antes de la conducta asesina, en la subnota. Atento lo expuesto, mucho agradecería que publiquen estos comentarios y que los tomen debidamente en cuenta en próximas ocasiones al abordar estas temáticas. Les animo de paso a aplicar de manera constante en sus tareas el Decálogo elaborado por las y los especialistas de la Red Par*, como también a tener en cuenta la nueva Ley 26.485 y en especial sus disposiciones sobre medios de comunicación. Porque sin una adecuada perspectiva de género el derecho a la información no se completa, ni se asume la responsabilidad social que satisfacerlo comporta.
Atentamente,
Soledad García Muñoz
Abogada y Profesora
UNLPDoc. 93766341
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